miércoles, 23 de mayo de 2012

Pagando la universidad, tasas, préstamos o becas

Es difícil considerar este asunto con racionalidad en un momento histórico como el actual, en el que el ministro del ramo está arramblando con todos los niveles educativos sin la menor delicadeza (para muestra este botón). Aún así, siquiera sea por no ponerse a su bajura altura, voy a intentar resumir mi opinión.

Situación de partida, diagnóstico.
Las actuales matrículas cubren aproximadamente el 10% del coste real del puesto universitario, bueno, siempre que se considere la aproximación del "coste real" consistente en dividir el presupuesto total por el número de estudiantes. Dada la doble misión docente e investigadora, una parte importante del presupuesto global se dedica a una actividad que no es obvio que haya que imputar a los estudiantes. Aún así, podemos asumir que del coste actual de la universidad, la gran mayoría es pagado con fondos públicos. De esta situación se puede decir:

1.- Es injusta en la medida en que beneficia a unos a costa de otros. Cómo se dice textualmente aquí, "el subsidio a los estudios universitarios, es una transferencia de rentas inversa, de los pobres a los ricos".

2.- Es injusta además porque los universitarios ven incrementada su empleabilidad y el salario medio esperable, con lo que el resultado de la formación universitaria es un beneficio económico (apreciable y cuantificable) para el que la disfruta, por el que no paga.

Estos dos argumentos se pueden encontrar detallados en este artículo de Nada es Gratis o en este otro de Mariano Fernandez Enguita, (que es el que ha generado una discusión en Twitter que motiva esta entrada). Me gustaría añadir algunas ventajas que proporciona la educación superior a la sociedad en su conjunto.

3.- El tejido productivo, y con él la sociedad en general, disfruta de una fuerza laboral más capaz, más flexible y adaptada a la sociedad del conocimiento. La disponibilidad de egresados con formaciones adecuadas ahorra significativos costes de formación profesional.

4.- Una ciudadanía mejor formada, un bien en si mismo.

Alternativas posibles.
Se puede argumentar, con razón, que los inconvenientes 1 y 2 (la injusticia) es atribuible al sistema de cuasi- gratuidad de la enseñanza, mientas que las ventajas 3 y 4 lo son de una amplia enseñanza universitaria, que puede conseguirse por otros procedimientos, es cierto. ¿Qué procedimientos son esos? Por listarlos todos:

A. Mantener la matrícula (casi) gratuita, con unas (A1) normas de permanencia adecuadas.

B. Cobrar matrículas de coste completo y facilitar recursos públicos en forma de (B1) avales a préstamos (y subvención de tipos) y (B2) becas (subvenciones a fondo perdido dependiendo del cumplimiento de criterios académicos y económicos).

C. Un impuesto sobre los graduados. Una versión del caso B en el que en vez de proporcionar los créditos los bancos, es el propio estado el que presta y recauda a los estudiantes y egresados. Ésta que parece defenderse en "La otra tasa Tobin"

Las alternativas B y C resuelven el problema de la injusticia (puntos 1 y 2 del diagnóstico), pero a cambio introducen un problema nuevo, (5) un aumento de la desigualdad derivado del posible incremento en la dificultad de acceso por parte de los estudiantes procedentes de familias económicamente menos favorecidas. Siempre se puede contestar que con el ajuste adecuado de los mecanismos de corrección, préstamos y becas (B1 y B2) se puede evitar la desigualdad (5), consiguiendo un sistema óptimo. En efecto esto es posible, pero muy difícil. La bondad social de estos sistemas queda ligada a los ajustes técnicos y políticos de los detalles: en qué condiciones se concede una beca, qué presupuesto se destina a tal fin, cómo se subvencionan los créditos, etc. Como hemos comprobado este mismo año, se puede recortar el presupuesto de becas en un 11 % de un momento para el siguiente. El equilibrio óptimo de ese sistema me parece muy inestable, con una gran tendencia a caer del lado de la desigualdad social.

En cambio el sistema A es muy robusto. Se pueden subir las tasas un año (cómo se prevé para el próximo curso), pero con todo lo doloroso que pueda resultar a algunos, una subida de tasas del 50% no altera drásticamente las virtudes del sistema y puede ser absorbido por la inflación en poco tiempo. La injusticia  del mismo (puntos 1 y 2) es esencial, no se elimina con ajustes, aunque puede disminuirse en sus aspectos más escandalosos con unas normas de permanencia (A1) adecuadas, más rigurosas que las actuales.

En resumen, el modelo A garantiza la igualdad de acceso a cambio de una cierta injusticia personal, mientras que los sistemas B y C garantizan la justicia (y responsabilidad) personales a cambio de un prácticamente cierto incremento de la desigualdad de acceso.

Mis convicciones personales (derivadas quizá de mi estructura cerebral o genética) me llevan a optar por la primera opción, la que tenemos ahora. Las mismas convicciones que hacen que mi indignación ante un parado que cobra irregularmente la prestación sea menor que la que me produce la indemnización por cese de un banquero ruinoso.

La figura procede de aquí, de un comentario sobre las dificultades a que ha llevado el sistema B en EEUU.
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